Tras un intenso debate, la Subcomisión II de la Comisión Nacional de Reforma Judicial, presidida por el ministro Sergio Godoy, tomó esta determinación y proseguirá el próximo martes con el estudio de otros artículos de la modificación de la Ley 296/94.

En el inicio de la discusión el representante de la Corte Suprema de Justicia, el camarista Alberto Martínez Simón, afirmó que la posición de su instancia es que aquellos que no puedan ejercer válidamente una matrícula, no estuviesen en el padrón electoral para la selección indicada. En el mismo sentido que Martínez Simón  alegó Juan Bueno Jara, en representación del Consejo de la Magistratura.

Así también, el presidente del Colegio de Abogados, Rubén Galeano, coincidió con las posiciones anteriores y resaltó el desequilibrio que genera el apoyo del sector público a una candidatura. “Nos encontramos los independientes en desventaja cuando una estructura apoya una candidatura, el propio fiscal asiste y designa delegados; la misma situación se da en los ministerios, en donde hay un gran número de abogados”, recalcó.

A su turno, el diputado colorado Ramón Romero Roa expresó también su coincidencia con el planteamiento de la Corte Suprema, pues aseveró su convicción de que no deben participar en la elección los que no ejercen la profesión.

Por su parte, el representante de los fiscales, Ariel Martínez, criticó la propuesta de exclusión, pues consideró importante dar la mayor participación posible para lograr una verdadera reforma judicial. Insistió en que el representante de la Corte Suprema de Justicia en el Consejo de la Magistratura no representa realmente ni a magistrados ni a fiscales o defensores públicos, por lo que estos se encuentran en un estado total de indefensión.

El representante de la Asociación de Magistrados, José Agustín Fernández, coincidió con lo planteado por Martínez y añadió que el problema deviene del mal diseño de la Constitución Nacional, que no comprende la representación en el Consejo de la Magistratura de los magistrados y que, en caso de excluirles la posibilidad de votar, se agravaría la situación, cuando tienen un interés legítimo en participar en las votaciones.

Asimismo, Víctor Marecos, en representación de actuarios y funcionarios judiciales, indicó que no se puede cercenar el derecho al voto de cientos de funcionarios y que si se hiciera una clasificación de quiénes podían votar se “estaría entrando en el absurdo”.

Por otra parte, el senador Adolfo Ferreiro manifestó que la cuestión “no tiene solución”, pues es producto del “desastre de la Constitución Nacional”. Agregó que si los fiscales, jueces y otros no pueden votar, hallarán los caminos para presionar de manera fáctica, y que el verdadero problema es que a los mismos no se les da la inamovilidad desde el primer día en que son nombrados, por lo que se convierten en súbditos, esclavos, del “mandamás de turno”.

En cuanto a la votación, la mayoría de los legisladores presentes, junto al presidente de la Comisión, Sergio Godoy (del Poder Ejecutivo), votaron por mantener el artículo 20 de la Ley del Consejo de la Magistratura tal como está redactado actualmente y no proceder a la exclusión.

Los parlamentarios presentes fueron Ramón Romero Roa, Fernando Lugo, Eduardo Petta y Adolfo Ferreiro (quien se abstuvo de votar). El único que tenía derecho a voto fue el representante de la Corte Suprema, el camarista Alberto Martínez Simón, quien acompañó el criterio de la exclusión.

Fuente: Comisión Nacional para la Reforma Judicial