La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Antonio Fretes, Víctor Manuel Núñez y José Altamirano; dio trámite a una acción de inconstitucionalidad planteada por el presidente de la Consejo de la Magistratura Cristóbal Sánchez, contra el artículo 12º inc. a) del Decreto Nº 9.049 y los artículos 2º y 3º del Decreto Nº 12.729 que aprueba, el plan financiero y que establecen normas para el proceso de ejecución del presupuesto general 2007.

En el escrito, se argumenta que las mencionadas normas atentan contra la autarquía presupuestaria e independencia del Consejo de la Magistratura, y que su buen funcionamiento depende de su independencia política y económica, por su estrecha relación con el Poder Judicial.

Asimismo, alega que varias leyes otorgan al Consejo de la Magistratura la facultad de elaborar su propio reglamento interno, en virtud del cual su presupuesto general  es remitido al Poder Judicial, siendo este el único  Poder que no interviene en el proceso de aprobación del Presupuesto General de la Nación.